jueves, 25 de septiembre de 2008

Reflexiones sobre Economía Política en Venezuela (1830-1850)

Al analizar la historia de Venezuela se observa claramente que el país ha experimentado fuertes cambios y transformaciones políticas, que se evidencian tanto en el tipo de régimen político que la ha gobernado como en la propia economía política que ha prevalecido. Esto último es la causa de los grandes cambios observados en la estructura económico-social, la forma de conducir el país y de “hacer política”.

De manera particular, el período 1830-1850 es crítico, pues se inicia con la separación de Venezuela de la Gran Colombia, con lo cual adopta su propia Constitución política. En tal sentido, el nuevo tiempo que se abría era retador para cambiar la política, la economía y las relaciones sociales que condujesen a un sendero de desarrollo en dichos campos[1].

La economía política durante el referido período operó bajo un escenario en el que la característica económica básica del país era la de una economía fundamentalmente agrícola y cerrada, con el agravante de que antes de 1830 en materia de propiedad territorial agraria -desde inicios de la Guerra de Independencia- tanto realistas como patriotas habían practicado la política de la confiscación y secuestro de bienes de los particulares como manera de adquirir terrenos y financiar la guerra.[2]

La situación social se caracterizaba porque los mantuanos, que habían emigrado durante la guerra, regresaron y lograron que se les restituyeran las propiedades que habían abandonado o que les habían sido confiscadas. La gran mayoría de la población vivía en el campo y en condiciones de miseria y sin tierras.

Para 1830 no se habían podido superar los efectos de la Guerra de Independencia sobre la agricultura, caracterizada por: a) Devastación de numerosas haciendas y plantaciones. b) Disminución de los rebaños de ganado vacuno y caballar, debido al alto consumo que de ellos realizaron las tropas patriotas y realistas, entre otras razones. El desarrollo económico y social en esta etapa había sido escaso y lento, en razón de la inestabilidad política (guerras civiles y pugna de los caudillos regionales).

Planteadas así las cosas, la labor de José Antonio Páez como primer Presidente de Venezuela y los subsiguientes gobernantes era retadora: Reconstruir la situación económica y social del país, crear una administración apropiada a tales circunstancias[3], conformación de partidos políticos, desarrollo de la actividad legislativa, entre otros. A todo ello se le añadía la lucha existente (explícita o solapada) de poderes entre los distintos sectores de la sociedad por capitalizar sus esfuerzos durante las décadas previas en la nueva etapa venezolana.

Puede decirse que fue con el objetivo de atender las necesidades económico-sociales del momento, que se promulga, durante el gobierno del Gral. Páez, la Ley del 10 de abril de 1834[4], con la cual los particulares podían pactar contratos libremente, incluyendo la tasa de interés a ser aplicada. Esta ley resultó positiva mientras nuestros productos agropecuarios gozaron de precios internacionales que nos eran beneficiosos, pero la crisis económica internacional generada a partir de 1842 hizo que los precios disminuyeran notablemente y se afectara la economía nacional. Las consecuencias fueron la usura y la ruina de muchos productores. Hasta ese momento, el Estado prácticamente no había intervenido en la economía, por lo que es de resaltar nuevamente el eminente enfoque liberal de su política económica.

Elementos adicionales que refuerzan lo antes dicho, se consiguen al observar que el estímulo a la economía en los primeros años de la década de 1830 se produjo como consecuencia de la eliminación de los derechos o impuestos por alcabala, y la eliminación o reducción de los impuestos de exportación a rubros clave como el café, cacao y añil. Aspecto que jugó en contra de la reconstrucción económica del país fue la caída en los precios de los productos agropecuarios, lo cual terminó afectando los ingresos de la nación.

Complementariamente, el país logró desarrollar una masa de ganado vacuno de importantes dimensiones antes de 1858, pero se desvaneció ante los conflictos políticos y el alto precio del cuero a nivel internacional que estimuló el sacrificio de animales.

Por su parte, el desarrollo industrial era de actividades artesanales[5]. A la vez, las comunicaciones eran muy deficientes entre los centros urbanos y poco propicias para el desarrollo de corrientes de intercambio.

En lo social, la población alcanzaba a unos 800.000 habitantes en 1830 y existían deficientes condiciones sanitarias (paludismo), alta mortalidad, y analfabetismo. En consecuencia, la economía política debía lidiar con una combinación de problemas muy graves para organizar al naciente Estado (que no dejó de enfrentar situaciones de alzamientos y revoluciones) y enfrentar la grave situación económico-social existente.

En materia económica, el experimento liberal que se puso en marcha durante el período analizado, tuvo beneficios limitados, tal vez por el hecho de que expuso al país y a sus productores a los vaivenes de los mercados internacionales[6], tal como se evidenció con la crisis que se desató a partir de 1842, sin que se hubiese fortalecido realmente la economía interna del país. Más aún, errores en la concepción misma de libertad de los mercados en economías pequeñas como la venezolana y el exceso de libertad, o más bien de controles, al otorgamiento de préstamos, parecen haber atentado en contra de mejores resultados, todo ello a conciencia de que la situación política de inicio para la construcción del nuevo Estado no estaba garantizada y la situación social resultaba muy demandante. En este contexto, la economía política como ciencia histórica que revela condiciones y causas del origen, evolución y cambio de las formas sociales de producción por otras más progresivas, resultó muy exigida durante este período.

Así pues, es indudable que la economía política no solo atendió a elementos económicos estrictamente (afectando los intereses económicos), sino que también estuvo estrechamente vinculada a los aspectos políticos fundamentales de los hombres y del papel que estos detentaban en la sociedad.



[1] Es preciso señalar que en 1848 se abre otra etapa, la denominada “Monagato”, con orientación autoritaria y personalista por parte de los hermanos Monagas.

[2] Adicionalmente, el Decreto de Haberes Militares de Simón Bolívar en 1817 (ratificado por el Congreso de Colombia en 1821) ordenaba repartir entre los oficiales y soldados patriotas, todos los bienes raíces e inmuebles que hubieren sido confiscados y secuestrados a los realistas. Se entiende que la medida antes señalada no tuvo un final feliz pues, en primer lugar, los dueños tradicionales presionaron para que no se aplicara la ley y, en segundo lugar, algunos caudillos militares y especuladores civiles compraron los vales representativos de los “haberes militares” destinados a los soldados, clases y oficiales de baja y mediana graduación. En este contexto, el latifundio permaneció intacto como forma preponderante de tenencia de la tierra.

[3] En un marco de otorgamiento de libertades plenas, inclusive en el campo de la lucha cívica por alcanzar el poder.

[4] Dicha ley se derogó en el año 1848 bajo el gobierno de José Tadeo Monagas, caracterizado por la ruptura con el conservadurismo y la implantación de medidas calificadas por algunos como arbitrarias.

[5] Transformación de metales y productos agropecuarios, elaboración de madera, cuero, tejidos, vestuario, etc.

[6] Tanto por el comportamiento adverso en los precios como por los volúmenes de producción exportados.